Asilo y Protección Internacional

Depende de tu provincia, y esto es lo que casi nadie te cuenta: no hay un canal único. En unas provincias la cita de manifestación de voluntad solo se da por internet, en otras solo por correo electrónico a una dirección concreta de la comisaría, en otras solo por teléfono —y a veces en una franja mínima, como Málaga, que solo atiende de 9:30 a 10:30 de lunes a viernes— y en otras solo presencialmente. La Policía Nacional publica la lista completa, comisaría por comisaría, en su página de Asilo y Refugio. Búscala antes de seguir intentándolo: mucha gente se pasa meses recargando una web mientras en su provincia las citas se dan por email.

Nada. El asilo no tiene tasa: ni la solicitud, ni la cita, ni la tarjeta. Si alguien te cobra por «tramitarte el asilo» o por conseguirte la cita, te está cobrando por algo que es gratuito. Y tienes derecho a un abogado gratis, así que tampoco necesitas pagar por eso.

No por haber entrado. La ley dice expresamente que la entrada irregular no puede sancionarse cuando la hace una persona que reúne los requisitos para ser beneficiaria de protección internacional. Y desde que solicitas, tienes derecho a permanecer en España hasta que resuelvan tu solicitud.

Sí, y gratuito. Los solicitantes de protección internacional tienen derecho a asistencia jurídica gratuita, que cubre tanto la formalización de la solicitud como toda la tramitación del procedimiento. También tienes derecho a intérprete. Pídelos desde el primer momento: no son un extra, son parte del procedimiento.

Sí: sin demora y como máximo un mes desde que entras en territorio español, o desde que ocurren los hechos que justifican tu temor. El problema es evidente: ese mes corre mientras tú peleas por una cita que puede tardar más. Pide la cita en cuanto puedas y guarda constancia de cada intento —correos enviados, capturas, fechas y horas de las llamadas—, porque es lo único que demuestra que no te quedaste parado.

A los seis meses desde que se admite tu solicitud, con la tarjeta roja. Los primeros seis meses no puedes trabajar legalmente, aunque sí estás autorizado a permanecer en España. La hoja blanca que te dan al presentar la solicitud es el resguardo, no el permiso de trabajo.

Se queda en depósito de la policía mientras dura el procedimiento, sí. A cambio te dan el resguardo de la solicitud —la hoja blanca— y después la tarjeta roja, que son los documentos que acreditan tu situación en España. No es un castigo ni una señal de que vaya mal: es cómo funciona el procedimiento.

El plazo legal es de seis meses. La realidad es que suele ir de uno a tres años. Si pasan los seis meses sin respuesta, la ley te permite entenderla desestimada y recurrir, pero eso no te obliga a hacerlo: la Administración sigue teniendo que resolver expresamente y mucha gente prefiere esperar la resolución. Es una decisión que conviene tomar con tu abogado, no solo mirando el calendario.